La Defensa Pública en Venezuela tiene competencia en materia civil, administrativa en lo relativo a la parte inquilinaria y la defensa del derecho a la vivienda. La máxima autoridad de la Defensa Pública designará a los defensores públicos en esta materia y la misma será en el ámbito local, regional o plena, a nivel nacional. Estos defensores públicos tendrán las siguientes atribuciones: Asesorar, asistir y representar a todas las personas que la requieran, para la defensa de sus derechos, intereses y garantía inquilinaria e inmobiliaria. Defender a los usuarios del servicio ante los Tribunales de Municipios, primera instancia y superiores. Igualmente ante los órganos administrativos en la materia de sus competencia. Ejercer el amparo constitucional correspondiente y los recursos de nulidad ante el órgano jurisdiccional competente en defensa de los usuarios entre otras atribuciones.